Pese a las inusuales lluvias que se produjeron en enero, la situación hídrica del país sigue siendo altamente compleja. Según el informe “Megasequía: Diagnóstico, impactos y propuestas”, del Centro de Estudios Públicos (CEP), si no se buscan soluciones oportunas, las condiciones del país se volverían adversas para todos los sectores productivos del territorio, afectando a la totalidad de la población.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), durante la última década, la zona central ha mostrado carencias sostenidas en las precipitaciones, registrándose en 2019, un déficit de 76% de lo que se considera un año normal. Desde diciembre de 2019, 79 comunas están bajo la categoría de “zona de escasez hídrica” según la Dirección General de Aguas (DGA).

La investigación advierte que estas sequías se convertirán en una “nueva normalidad climática” en el país. Así lo confirma el Balance Hídrico Nacional de la DGA, proyectando que para el periodo 2030-2060, la disponibilidad del agua en el norte y centro de Chile podría disminuir más de un 50%.

De mantenerse esta situación, para 2040 se proyecta que Chile será uno de los 30 países con mayor estrés hídrico del mundo.

Frente a este grave escenario parece fundamental modificar sustancialmente la institucionalidad que rige el manejo de los recursos hídricos en nuestro país. Chile tiene uno de los niveles más altos de fragmentación de responsabilidades cuando se trata de competencias relacionadas con el agua. Más de 40 instituciones participan en la prestación de más de 100 funciones relacionadas con el agua, según detallan estudios de la OCDE y del Banco Mundial.

A juicio de los expertos consultados por el CPI, el gran problema radica en la escasa coordinación entre las diferentes entidades incumbentes, lo que hace necesario que el tema se debata con urgencia y que se apliquen los cambios para que el sistema de administración de los recursos hídricos funcione con mayor eficiencia.

El académico del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Universidad Católica, Guillermo Donoso, coincide en que el problema no es el alto número de instituciones, sino que la inadecuada delimitación y coordinación de funciones entre los organismos que intervienen en la gestión de las aguas.

“Esta falta de coordinación ha provocado que cada institución presente políticas hídricas propias y a menudo en contraposición a las políticas de otras instituciones, provocando el aumento de los conflictos en los procesos de toma de decisiones, así como en la distribución de los recursos hídricos. Además, se evidencian vacíos en la asignación de funciones, así como alta fragmentación y duplicidad de funciones. Esto explica en parte el bajo desempeño de la institucionalidad”, detalla.

Para la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile (AIC) el hecho de tener tantos organismos distintos, que dependen de diversos ministerios, o fuentes de financiamiento, hace muy difícil implementar políticas públicas que vayan en una misma dirección. Además, se generan muchas ineficiencias con los presupuestos públicos, ineficiencias técnicas, inequidades entre regiones. “También existe atomización de la información y esto es muy complicado para los usuarios, los emprendimientos, la investigación, la misma generación de políticas públicas y, por lo tanto, para el desarrollo del país”, afirma el gremio.

En la práctica, esta dispersión produce retrasos en los tiempos de entrega, necesidad de realizar rediseños, disminución de la productividad y, por ende, un aumento en los costos de los proyectos hídricos. “Desde la aprobación de los derechos de aprovechamiento de agua y el inicio de su ejercicio, pueden pasar más de 5 años (derechos consuntivos) o 10 años (no consuntivos), así los derechos de aprovechamiento otorgados -con la reforma del código de aguas que se está elaborando-, podrían ser extinguidos según la AIC.

Este ejemplo, afirman, permite demostrar que se requiere una mayor coordinación entre organismos y tramitaciones, lo cual seguramente sólo será posible con la unión y fusión de organismos, y cambios en la institucionalidad.

En esta misma línea, el asesor de Escenarios Hídricos de Fundación Chile y coordinador del Grupo de Recursos Hídricos del CPI, Gabriel Caldés, puntualiza que esta dispersión institucional también es un problema que también afecta a los usuarios del agua en las cuencas, sean estos grandes, medianos o pequeños. Estos tienen que convivir con procesos administrativos engorrosos y lentos, donde se pueden encontrar duplicidad de funciones entre servicios.

“Para modificar -por ejemplo- un punto de captación de un derecho de agua o la regularización de ellos, puede demorar uno o dos años, la decisión de hacer una inversión por pequeña que sea puede tomar de 3 a 5 años o más y la construcción de un embalse demora de 10 a 15 años. Además de lo anterior, los requerimientos y visiones de las comunidades y usuarios de las cuencas se pierde en esta vorágine de servicios que responden a instrucciones del nivel central, perdiendo presencia lo territorial, que es donde se produce la intervención del agua que da origen a la gestión del recurso hídrico”, comenta.