COLUMNA DE OPINIÓN SEPTIEMBRE N° 8 – 2021

Rodrigo Azolas

Presidente Comité Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad

El año 1990, se crea la Comisión Nacional del Medio Ambiente, como organismo dependiente del Ministerio de Bienes Nacionales, teniendo como mandato el elaborar un proyecto de ley para sentar las bases de la gestión ambiental en Chile, que culmina con la presentación en el año 1992, ante el Congreso Nacional de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Dos años más tarde termina siendo aprobada, publicándose en el diario oficial con fecha 9 de marzo de 1994. La nueva ley abordó una serie de temáticas, entre las cuales destaca el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Es importante considerar que, durante el periodo de tramitación de la Ley N° 19.300, se empezaron a evaluar ambientalmente proyectos por parte de la CONAMA, mediante un instructivo presidencial, donde algunas empresas presentaron proyectos de manera voluntaria.

De esta manera, podemos ver los inicios del SEIA, el cual es de carácter preventivo, no exigible para todos los proyectos, sino sólo los que son susceptibles de causar impacto ambiental, diseñado bajo principios participativos y de eficiencia pública (ventana única), donde en el transcurso del tiempo se fue perfeccionando el sistema de manera reglamentaria, donde se han tramitado a la fecha más de 27 mil proyectos.

El SEIA se constituyó en el instrumento de gestión ambiental fundamental de la tramitación de inversiones en Chile, donde cada vez fue de mayor interés público la situación de los proyectos en evaluación, situación que permanece hasta el día de hoy.

En el año 2010 se realizó una importante reforma ambiental, donde se establece una nueva institucionalidad ambiental y se modifica el SEIA, corrigiendo malas prácticas y se adecua su funcionamiento ante la nueva institucionalidad, siendo un punto relevante la creación de un registro público de consultores, implementado el año 2015 mediante la vía reglamentaria, donde la ley define expresamente que debe existir un registro público de consultores certificados para la realización de DIA o EIA, siendo de carácter informativo, lo que en la práctica refundó en que el elaborar una DIA o EIA da la posibilidad de inscribirse en el registro y por ende certificarse, ya que el sólo hecho de inscribirse en el registro le da la calidad de consultor certificado.

En este contexto, resulta interesante que una de las obligaciones reglamentarias para los consultores son “Desarrollar su labor con total independencia, imparcialidad e integridad”. Sin embargo, el mismo registro no establece un modelo mínimo de certificación, que permita garantizar que esa obligación pueda cumplirse.

El primer proyecto en evaluarse fue elaborado por Geotécnica Consultores, actualmente Arcadis (consultora de ingeniería de origen australiano), donde en general los EIA eran elaborados por consultoras y las DIA por los titulares de proyectos. De esta manera, el sistema se sustentó en reconocidas consultoras de amplia experiencia a nivel nacional e internacional. Con la reforma del 2010, aumentaron las exigencias de las DIA, lo que implicó una mayor presencia de consultoras en la elaboración de estas solicitudes.

Actualmente de un total de 604 proyectos que se encuentran en evaluación en el SEIA a, el 22,7% de los proyectos que se presentan como DIA son elaborados por los titulares, lo que deja en evidencia el impacto de la reforma del 2010, respecto a la necesidad de contar con apoyo de consultoría. Por otro lado, es importante destacar que de un total de 136 empresas de consultoría que ingresan proyectos al sistema, sólo 9 se encuentran inscritas en el registro de consultores.

Como podemos observar, hoy la mayoría de los proyectos que se tramitan en el SEIA lo realizan empresas consultoras, no certificadas ni registradas, tal como plantea la Ley N° 19.300, generando una atomización del mercado, saludable por cierto, pero que pone en riesgo la credibilidad del trabajo realizado.

 Por otra parte, desde el año 2006 en adelante el SEIA empezó a tener episodios controversiales respecto a proyectos de gran envergadura, donde el rol de las consultoras empezó a ser clave, pero también cuestionado, especialmente respecto a su independencia, básicamente por ser contratadas por los propio titulares de proyectos, lo que finalmente incidió en la crisis del sistema con su  peak en el año 2010, en que  inéditamente se realizaron masivas protestas ciudadanas por causas medio ambientales.

Dado el escenario de crisis en que entró el SEIA, el año 2015, en el gobierno de la Presidenta Bachelet se creó una Comisión Asesora Presidencial para la Evaluación del SEIA, la cual fue conformada por reconocidos actores del sistema, donde se establecieron cabildos ciudadanos que permitían comprender la percepción ciudadana sobre las temáticas, entregando una serie de propuestas de cambio, que no han sido implementadas. Resulta interesante la percepción ciudadana, ya que toda apunta a algo evidente, desconfianza centrada en la falta de imparcialidad y certificación de competencias, donde se propone realizar modificación de gestión con mayor certeza de criterios y avanzar en un registro certificado de consultores.

La consultoría juega un rol clave en el SEIA, pero su legitimidad pende de un hilo, donde nos encontramos en una etapa compleja, ya que, existiendo herramientas de registro y certificación, estas no son fomentadas por la autoridad ni valoradas por los titulares de proyectos, por lo que resulta clave avanzar hacia la mejora de la gestión de los instrumentos actuales y la búsqueda de procesos de certificación que permitan contar estudios robustos y confiables. Es evidente que el Servicio de Evaluación Ambiental, debe avanzar con fuerza en contar con un registro de consultores certificados que sea de amplio conocimiento y valorado por todos los actores, de manera que sea una exigencia mínima a la hora de contratar una consultora.

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