Claudio Reyes

AWUA Ingeniería

Mientras el noveno informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático confirmó las causas antrópicas de este proceso, el fenómeno de la “mancha cálida del Pacífico” anticipó, a nivel nacional, las condiciones esperadas para 2050. Tras más de diez años de sequía, se han sucedido tres gobiernos, planes, mesas y arengas sobre los caminos que debe tomar el país para hacer frente a la escasez de recursos hídricos. 

En 2019 la Mesa Nacional del Agua definió la necesidad de elaborar Planes Estratégicos de Gestión Hídrica a nivel de cuenca, con el propósito de completar las 101 cuencas del país para 2030. Si bien esta iniciativa es imprescindible, y así es recogida en las modificaciones actuales del Código de Aguas, la misma acción se dispersa ante la falta de una Política Nacional de Recursos Hídricos, que mire el país en el largo plazo y que aborde las decisiones estratégicas que debemos adoptar respecto de la gestión del recurso. 

En su ausencia, las soluciones globales quedan fuera de la planificación, relegando discusiones sobre una Estrategia Nacional de Desalinización, la Gestión Dinámica de los Acuíferos, el rol de la Ley de Riego en la eficiencia hídrica o la discusión sobre los distintos proyectos de mega trasvases a nivel nacional, entre otros. 

Mientras tanto, solo se han dictado cinco normas secundarias de calidad Ambiental para aguas superficiales y no contamos con definiciones sobre caudales mínimos ambientales que resguarden los ecosistemas acuáticos. Somos un país montañoso, pero desconocemos casi todo sobre la hidrología de alta montaña. Carecemos de mecanismos de coordinación para el desarrollo de las zonas rurales, empujando los conflictos socioambientales hacia el Sistema de Evaluación de impacto Ambiental, que se ha convertido en el sumidero de las falencias de planificación y vacíos de políticas y normativas. 

La propuesta de una Subsecretaría de Recursos Hídricos puede entenderse como un avance en el sentido correcto, pero debe superar atavismos propios del Ministerio de Obras Públicas, que dispensa soluciones rígidas frente a problemas complejos, como el ciclo hidrológico.

Finalmente, el carácter de Bien Nacional de Uso Público de las aguas terrestres y marítimas genera consenso, a diferencia de la extensión y forma de la tenencia de los derechos de aprovechamiento de agua. Sin embargo, el solo cambio en la lógica de propiedad de las aguas no resolverá, en lo absoluto, los problemas antes descritos, por lo que parece ser más relevante avanzar en un marco normativo que establezca prioridades y condiciones al ejercicio de los mismos.

En este escenario, se requiere una Gestión Integrada de Recursos Hídricos conducida por Consejos de Cuenca u otra instancia local que permita reunir en un mismo espacio de toma de decisiones a los actores públicos (Estado y gobiernos locales) y privados (usuarios del agua y sociedad civil). 

El objeto de esta gestión es avanzar hacia la Seguridad Hídrica para las personas, los ecosistemas y las actividades productivas, sobre la base de soluciones basadas en la naturaleza, en la gestión y en la infraestructura. En complemento, se requiere de una estrategia integradora, nacional y de largo plazo, que bien podría ser abordada en la discusión del Código de Aguas. 

Para dar el primer paso no se requiere de grandes reformas, ni siquiera de un presupuesto significativo. Se requiere de consenso y decisión, dos palabras que no han sido recurrentes en los últimos años.